El sector tecnológico ve en la futura ley de ciberseguridad una de las asignaturas pendientes del 5G en España

El pasado mes de julio se dio uno de los pasos fundamentales para el despliegue del 5G en España, al adjudicarse la banda de frecuencias de 700MHz entre los tres principales operadores: Telefónica, Vodafone y Orange.

El director general de la patronal tecnológica DigitalES, Víctor Calvo-Sotelo, señaló sobre el reparto de frecuencias que, “terminada la subasta de 700 MHz y acordada la distribución entre operadores de 3,5Ghz, solo queda pendiente la banda de 26 GHz, de usos más específicos”.

La reordenación de la banda de 3,5 GHz era uno los puntos más urgentes ya que, como afirma Noelia Miranda, miembro del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT), “las frecuencias de esta banda están dispersas y esto impide disponer a los operadores de un espectro continuo para ofrecer las máximas velocidades”. Además, esta “será la banda que soportará la mayor parte del tráfico 5G”.

Avanzados estos puntos, solo faltaría la subasta de 26 GHz que, según anunció recientemente el Ejecutivo, está prevista para finales de este año o principios de 2022, y que estará destinadas a usos específicos como fines industriales por parte del sector empresarial.

Respecto al anteproyecto de ley de Ciberseguridad, DigitalES destacó a Servimedia que en España “estamos dando pasos decididos hacia una mayor armonización regulatoria a nivel europeo”.

“Conocemos ya un primer texto de la Ley que se enmarca dentro de las recomendaciones de la Comisión y al que hemos hecho observaciones en la línea de aspirar a modelos normativos más homogéneos, a la simplificación de trabas y, en términos generales, a construir un entorno legal que fomente la inversión y la innovación”, dijo Calvo-Sotelo.

La Comisión Europea elaboró el llamado ‘Toolbox’, una serie de recomendaciones para que los países miembros elaboren su propia legislación en materia 5G. Entre esas guías cabe destacar el uso de certificaciones independientes y de criterios técnicos para determinar la entrada de los actores en el despliegue de esta nueva tecnología.

Javier Fernández-Samaniego, socio director de Samaniego Law, manifestó que desde que el anteproyecto de ley del 5G se lanzó a consulta pública a finales de 2020, “el

sector está a la espera del nuevo texto en la confianza que la futura ley no incluya cuestiones de índole geopolítica en una norma que debe ser, por definición, puramente técnica. Deberían eliminarse los artículos que permitían al Gobierno llevar a cabo un ‘profiling’ de riesgo de suministradores amparado en esas cuestiones geopolíticas”.

El retraso en la publicación del anteproyecto y la incertidumbre sobre los criterios que se adoptarán podrían estar generando dudas en el sector y dificultando las inversiones. Así lo cree Fernández-Samaniego, para quien “resulta crucial que se presente cuanto antes el proyecto y que éste se centre en medidas técnicas, teniendo muy presente el esquema de certificación europeo”.

En este sentido, añadió que deberá apostar por un “mercado de suministradores diversificado” tanto en 5G Core y Radio, evitando “cualquier límite de cuota de mercado, otorgando a los operadores plena soberanía a la hora de elegir sus suministradores” para evitar retrasos y sobrecostes que acabaría “pagando el consumidor”.

En esta misma línea se expresó Noelia Miranda, del COIT, ya que espera que la nueva ley “esté alineada con los principios inspiradores del código europeo, favoreciendo las inversiones y fomentando la competencia”. “Este retraso regulatorio podría retrasar la toma de decisiones y por tanto, las inversiones necesarias”, advirtió.

Además, alertó de que el “retraso en la tramitación parlamentaria” no solo se produce en el anteproyecto, sino que para el sector es “fundamental” que se apruebe la nueva Ley General de Telecomunicaciones adaptada al Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas, “ya que marca las reglas del juego y el funcionamiento del mercado”.

Según el Gobierno, la aprobación de la Ley General de Telecomunicaciones estaría prevista para el segundo trimestre del 2022 e incluiría en el ordenamiento jurídico español numerosas transposiciones de recomendaciones y mandatos provenientes del Consejo y del Parlamento Europeo. Este sería el último gran paso regulatorio de cara al despliegue del 5G en España.